¿Qué sentiríamos si nos dijeran que nuestra operadora tiene orden policial de guardar las grabaciones de todas nuestras conversaciones, “sólo por si acaso”? Pues algo parecido está ocurriendo en Nueva Zelanda, donde las operadores de telefonía móvil se está viendo presionada por las autoridades policiales, que les instan a crear una base de datos con todos los sms que se generen por sus usuarios.
Esta curiosa situación, de aceptarse por la sociedad neozelandesa, puede que sirva de “ariete” para las autoridades de otros países, y más si tenemos en cuenta que sería una forma muy práctica de tener acceso a información particular de la totalidad de un país. En la actualidad, el uso de los teléfonos móviles es un hecho innegable en cuanto a su difusión, por lo que el control de esta popular vía de comunicación significaría que la policía tendría acceso a muchos datos que pueden considerarse completamente privados, con lo que entra en escena la legislación sobre protección de datos particulares
La noticia, como cabría esperar, ha levantado un gran revuelo entre la sociedad neozelandesa, pero parece que no es suficiente para frenar a las autoridades en su petición. De todas formas, lo que sí está claro es que el debate ético sobre “si se puede” y “si se debe” acceder a esos datos. En principio, los datos serían consultados sólo en caso de que existiera algún indicio de delito, si bien también es lógico pensar que pueden ocurrir filtraciones de información comprometida o que, simplemente, sea de carácter privado.
A partir de todo lo expuesto, se puede decir que nuestros “derechos de autor” de la información contenida en esos sms deben mantenerse intactos, aunque parece que en ese caso, la SGAE no tendría mucho interés en defender la libertad de los usuarios, la cual se obtiene siempre y cuando no afecte a otras personas de forma negativa, como es este caso.