Sindicación
Un proyecto de ley propone que el Estado de Costa Rica utilice software libre
Mié, 09/07/2008 - 04:14
Con la alegría de mostrar la iniciativa de otro país que se suma a la tendencia cada vez mayor de abandonar el uso de software privativo en el entorno gubernamental para pasarse al software libre, hoy queremos hacernos eco de la decisión al respecto tomada por Costa Rica, donde existe un proyecto de ley para que el Estado utilice software libre, siempre que le sea posible.
El alma mater de la iniciativa es el diputado Alberto Salom, a la postre el que ha promovido que el gobierno de este país sólo utilice el software privativo cuando esa completamente necesario, ya que en la práctica totalidad de las acciones se podría acudir al software libre, con el consiguiente ahorro económico. Sea como fuere, también hay que señalar a Laura Chinchilla, actual vicepresidenta y ministra de Justicia, como otra figura influyente en la decisión, ya que en la anterior administración ya indicó la conveniencia de elegir el software libre para sustituir al privativo, todo ello indicado bajo el ala del proyecto 15191, y que fue muy debatido en la CAMTIC (Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación), ya que se indicaba que la propuesta violaba los principios de igualdad de participación, atentando con el libre comercio y la neutralidad tecnológica que el Estado debe promover. En realidad, todo parecía una maniobra para desprestigiar al software libre, recortando su alcance en tierras costarricenses, pero al fin se ha podido lograr tras un nuevo empuje en la actual administración.
De esta forma, podemos leer textualmente del proyecto de ley 16912: “todas las instituciones y empresas del Estado emplearán software libre en sus diferentes opciones, en sus sistemas de información y en el manejo de los datos, garantizando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual”. Además, se especifica claramente que sólo se utilizará software privativo como evento excepcional y cuando sea completamente necesario por motivos de compatibilidad y/o seguridad.
El éxito se debe al nuevo argumento, que basa el alegato a favor del software libre sobre la idea del ahorro económico que supone no pagar licencias de uso y/o mantenimiento. Al hilo de esto, cabe destacar que entre los años 2003 y 2004, Costa Rica invirtió 5000 millones en licencias, lo que supone un tremendo golpe a las arcas del gobierno, cuyos fondos podrían destinarse en el empleo de otros sectores más desfavorecidos.
Como era de esperar, los detractores que en su día se opusieron al establecimiento del software libre, han vuelto a hacerlo en esta ocasión. Para ello, basan su oposición en la creencia de que el software libre no es tan económico como parece, lo que representaría un problema de igual magnitud que el software propietario. De todas formas, quien tiene que tomar la decisión es la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, que será la encargada de dilucidar no ya quién tiene o no razón, sino lo mejor para el país en materia de software. Esperemos que pronto tengamos una alegría.
Con la alegría de mostrar la iniciativa de otro país que se suma a la tendencia cada vez mayor de abandonar el uso de software privativo en el entorno gubernamental para pasarse al software libre, hoy queremos hacernos eco de la decisión al respecto tomada por Costa Rica, donde existe un proyecto de ley para que el Estado utilice software libre, siempre que le sea posible.
El alma mater de la iniciativa es el diputado Alberto Salom, a la postre el que ha promovido que el gobierno de este país sólo utilice el software privativo cuando esa completamente necesario, ya que en la práctica totalidad de las acciones se podría acudir al software libre, con el consiguiente ahorro económico. Sea como fuere, también hay que señalar a Laura Chinchilla, actual vicepresidenta y ministra de Justicia, como otra figura influyente en la decisión, ya que en la anterior administración ya indicó la conveniencia de elegir el software libre para sustituir al privativo, todo ello indicado bajo el ala del proyecto 15191, y que fue muy debatido en la CAMTIC (Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación), ya que se indicaba que la propuesta violaba los principios de igualdad de participación, atentando con el libre comercio y la neutralidad tecnológica que el Estado debe promover. En realidad, todo parecía una maniobra para desprestigiar al software libre, recortando su alcance en tierras costarricenses, pero al fin se ha podido lograr tras un nuevo empuje en la actual administración.
De esta forma, podemos leer textualmente del proyecto de ley 16912: “todas las instituciones y empresas del Estado emplearán software libre en sus diferentes opciones, en sus sistemas de información y en el manejo de los datos, garantizando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual”. Además, se especifica claramente que sólo se utilizará software privativo como evento excepcional y cuando sea completamente necesario por motivos de compatibilidad y/o seguridad.
El éxito se debe al nuevo argumento, que basa el alegato a favor del software libre sobre la idea del ahorro económico que supone no pagar licencias de uso y/o mantenimiento. Al hilo de esto, cabe destacar que entre los años 2003 y 2004, Costa Rica invirtió 5000 millones en licencias, lo que supone un tremendo golpe a las arcas del gobierno, cuyos fondos podrían destinarse en el empleo de otros sectores más desfavorecidos.
Como era de esperar, los detractores que en su día se opusieron al establecimiento del software libre, han vuelto a hacerlo en esta ocasión. Para ello, basan su oposición en la creencia de que el software libre no es tan económico como parece, lo que representaría un problema de igual magnitud que el software propietario. De todas formas, quien tiene que tomar la decisión es la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, que será la encargada de dilucidar no ya quién tiene o no razón, sino lo mejor para el país en materia de software. Esperemos que pronto tengamos una alegría.
You have already tagged this post. Your tags:
Noticia original: territoriolibre.org